Morena experimentó en 2025 el mayor ajuste en su relación con el electorado desde su llegada al poder. Tras años de expansión sostenida, la identificación ciudadana con el partido pasó de la mitad de la población a 42 por ciento, una disminución abrupta que sorprendió incluso a dirigentes internos. No se trató de un desgaste gradual, sino de una caída concentrada entre julio y septiembre, periodo que marcó un punto de inflexión en la narrativa pública del movimiento.
El quiebre coincidió con la difusión del caso relacionado con un exfuncionario de seguridad de Tabasco y con una serie de episodios que abrieron un debate nacional sobre congruencia política. Viajes, celebraciones privadas y decisiones institucionales controvertidas alimentaron una percepción de distancia entre algunos actores del partido y los principios de austeridad que históricamente lo habían distinguido. Paralelamente, la ciudadanía comenzó a exigir resultados inmediatos en temas como vivienda, servicios urbanos y movilidad, demandas que esta vez se dirigieron al presente y no al pasado.
En el ámbito económico, 2025 también generó desafíos de percepción. Tras meses marcados por la volatilidad derivada de la política arancelaria de Estados Unidos, aumentó el número de ciudadanos que consideraban que la economía avanzaba en la dirección incorrecta. Este cambio en el ánimo colectivo se combinó con hechos de alto impacto social, como el asesinato del alcalde de Uruapan, que detonó protestas encabezadas por jóvenes y reforzó la idea de una exigencia creciente hacia cualquier fuerza en el poder.
A partir del otoño, nuevas tensiones emergieron desde grupos de interés que rechazaron reformas sectoriales, particularmente en materia hídrica y educativa. El año cerró con dificultades en elecciones locales, cuestionamientos sobre el diseño de la elección judicial y tensiones dentro de la coalición gobernante, que enfrentó desacuerdos sobre temas como nepotismo, seguridad y política económica. Morena concluyó 2025 en medio de un doble reto: reconstruir confianza y, al mismo tiempo, administrar la diversidad interna que acompaña a cualquier fuerza dominante.
Mirando hacia 2026, el partido enfrenta una disyuntiva estratégica. Mantener la cohesión interna puede implicar costos ante un electorado que exige estándares más altos, mientras que impulsar controles más estrictos podría tensar relaciones con sus propios aliados. La dirección política que adopte definirá si este año de inflexión se convierte en un tropiezo temporal o en el inicio de una reconfiguración más profunda en el panorama electoral.
